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Crecimiento económico y políticas públicas impulsan reducción de la informalidad laboral

La informalidad laboral en Paraguay cayó por primera vez por debajo del 60% y se ubicó en 58%, marcando un hito histórico. Así confirmaban a este medio días atrás desde el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra representa un quiebre estructural respecto a registros históricos que durante décadas mantuvieron la informalidad por encima del 60%, incluso en contextos de expansión económica.

Crecimiento económico y políticas públicas impulsan reducción de la informalidad laboral

En este contexto, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, señaló que las razones de esta reducción de la informalidad están directamente vinculadas al desempeño macroeconómico del país, a la apertura comercial y a un entramado de políticas públicas orientadas a la formalización. Indicó que en los últimos dos años Paraguay registró el mayor crecimiento del PIB per cápita de la región, impulsado por la expansión del comercio, los servicios, la industria no agropecuaria y la atracción de inversiones. Añadió que a ello se suman incentivos tributarios, estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, simplificación administrativa, digitalización de trámites y una coordinación interinstitucional sin precedentes entre el Ministerio de Trabajo, el INE, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto de Previsión Social (IPS). Según explicó, este entorno permitió no solo la creación de nuevos puestos de trabajo, sino principalmente la formalización de empleos existentes, incorporando a miles de trabajadores al sistema de seguridad social.

Explicó que la informalidad laboral ha sido históricamente uno de los principales desafíos estructurales del país, especialmente en el sector asalariado privado. “Durante años, las estadísticas del INE mostraban niveles superiores al 60%, llegando incluso al 62%, con variaciones mínimas asociadas a factores estacionales como la zafra agrícola o repuntes temporales del comercio”, señaló.

Sin embargo, indicó que el escenario comenzó a cambiar de manera significativa a partir de 2024 y se consolidó en 2025. Según datos oficiales mencionados por la ministra, el mundo asalariado privado registra actualmente una informalidad del 55,2%, lo que constituye un récord histórico. Añadió que este avance fue incluso destacado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último Panorama Laboral, donde Paraguay fue señalado como el país que más empleo formal generó en la región.

EMPLEO Y SECTORES DINÁMICOS

Añadió además que este proceso estuvo acompañado por una fuerte creación de empresas. Señaló que solo en el último año se registraron más de 21.000 nuevas empresas en el Ministerio de Trabajo, además de unas 7.000 sucursales correspondientes a firmas ya existentes que ampliaron operaciones. En el acumulado del actual periodo de gobierno, precisó que la cifra asciende a casi 35.000 unidades económicas formalizadas, muchas de ellas bajo la figura de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), que redujo drásticamente costos y tiempos de constitución.

Indicó que este dinamismo se reflejó directamente en el sistema previsional. Al cierre del último año, el Instituto de Previsión Social contabilizó 818.000 trabajadores asalariados privados titulares, cifra récord. Agregó que, si se suman independientes, jubilados y beneficiarios, el sistema supera el millón de personas, aunque el foco del análisis está puesto en los cotizantes activos del sector privado.

La ministra explicó que el mayor impacto positivo se observó en los sectores de comercio, servicios, restaurantes y hoteles, que concentraron la mayor cantidad de nuevos empleos formales. Añadió que también se registró un repunte relevante en la industria no agropecuaria, con la apertura de nuevas unidades productivas y ampliación de plantas existentes.

En contraste, indicó que el sector de la construcción continúa siendo el de mayor informalidad, con niveles cercanos al 80% del empleo generado. Explicó que esta situación responde a su modelo de subcontratación y alta rotación laboral.

PROGRAMAS PÚBLICOS Y PROYECCIONES

La ministra destacó que uno de los factores clave en la formalización fue el programa Hambre Cero, que permitió la incorporación de alrededor de 23.000 personas al empleo formal en todo el país, con cobertura de seguro social. Indicó que el impacto se extendió a toda la cadena de valor: producción agrícola, logística, transporte, servicios y comunicación, beneficiando directamente a miles de Mipymes que debieron formalizarse para participar en compras públicas.

Añadió que solo en 2025 el país registró 64.000 nuevos trabajadores formales, cifra récord anual. Para 2026, señaló que las proyecciones oficiales apuntan a un crecimiento adicional de entre 60.000 y 70.000 nuevos cotizantes, acompañando una perspectiva macroeconómica positiva.

Indicó que durante el último año las inspecciones laborales permitieron regularizar a más de 39.000 trabajadores en situación irregular y explicó que actualmente la inspección puede inscribir de oficio a un trabajador en el IPS cuando se detecta incumplimiento en campo, como una herramienta clave para combatir el empleo en negro.

Añadió que el incumplimiento del seguro social continúa siendo la infracción más frecuente y recordó que la evasión de aportes previsionales constituye un delito penal, con penas de hasta cinco años de prisión, y que los casos detectados son remitidos al Ministerio Público.

Finalmente, Recalde señaló que Paraguay registra una tasa de desempleo del 4,9%, una de las más bajas de los últimos 15 años, y explicó que, si bien la informalidad aún se sitúa unos cinco puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano, el país ya no se encuentra entre los de mayor rezago y muestra una tendencia claramente descendente.

Indicó que el objetivo del Gobierno es alcanzar un millón de aportantes al IPS hacia el final del mandato del presidente Santiago Peña, para lo cual restan aproximadamente 182.000 cotizantes, y sostuvo que la reducción histórica de la informalidad laboral representa no solo una mejora social, sino también un avance estructural para la sostenibilidad fiscal, el crecimiento económico y la competitividad del Paraguay.