Decreto 5.331: Cuestionan “superpoder” del Ministerio de Economía que “paralizaría” obras públicas
El decreto N.º 5.331, en particular en su artículo 210, introduce una restricción que en principio disminuiría los proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que ya no podrá iniciar ni tramitar nuevos llamados a licitación ni firmar contratos de proyectos de inversión pública sin una autorización expresa previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La medida es observada por especialistas como una posible paralización o desaceleración directa a la inversión en infraestructura tradicional y como una transferencia de poder al Ministerio de Economía dentro del Ejecutivo.
El presupuesto del MOPC fue reducido de forma drástica, a unos USD 570 millones, cuando las necesidades del sector superan ampliamente los USD 1.000 millones, de acuerdo a voceros de los constructores como la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO). A esto se suma ahora una reglamentación que condiciona cualquier nuevo proyecto al visto bueno del MEF, atendiendo al “espacio fiscal disponible” y al cumplimiento de las metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija un déficit máximo del 1,5 % del PIB.
Para el abogado Marín Carlevaro, socio encargado del área de infraestructura del estudio Berkemeyer, el alcance del artículo va más allá de una simple formalidad administrativa. “Le da mayor poder, mayor injerencia en lo que es esta estructura del país. De alguna manera termina subordinándose Obras Públicas al Ministerio de Economía”, afirmó en contacto con 5 Días.
CONSECUENCIAS
El abogado si bien reconoce que el MEF es el custodio del presupuesto y que el objetivo oficial es cumplir estrictamente la meta fiscal, advierte que el costo puede ser alto en términos de desarrollo. Explicó que Paraguay enfrenta un problema estructural, por un lado, un déficit histórico de infraestructura que limita el crecimiento, por el otro, una política fiscal extremadamente cautelosa.
Afirmó que en ese equilibrio, el Gobierno optó por priorizar la disciplina fiscal, incluso a costa de ralentizar la obra pública tradicional. “La infraestructura es muy necesaria y genera crecimiento del PIB, pero, dependiendo de cómo se financie, también puede generar más gasto y déficit”, señaló.
El nuevo requisito impacta especialmente en los proyectos financiados mediante préstamos de organismos multilaterales, como rutas, plantas de tratamiento de agua o líneas de transmisión. “Antes el MOPC podía avanzar con este tipo de obras sin pedir permiso al Ministerio de Economía; hoy eso ya no es posible”, explicó.
A su criterio, la consecuencia práctica será una fuerte desaceleración: “Estoy seguro de que va a ser muy difícil conseguir la autorización del MEF cuando se trate de obras grandes, probablemente solo se aprueben proyectos más chicos”, puntualizó Carlevaro.
Añadió que la lentitud en obras ya se venía sintiendo incluso antes del decreto. “El ritmo de inversión pública en infraestructura no estaba trabado, pero sí muy, demasiado lento. Ahora, además, tiene habilitación legal para frenarlo”, sostuvo.
Desde su experiencia de más de una década en Paraguay y en otros países de la región, Carlevaro considera que el país atraviesa un momento “bueno” en términos de credibilidad y grado de inversión, pero “malo” en velocidad de aprobación de proyectos estratégicos.
CONTROL DE PROYECTOS
Según el abogado, existía desde hace tiempo una puja entre el MEF y el MOPC sobre el control de los proyectos. “En esa puja, el Presidente se está inclinando por el Ministerio de Economía, no por un tema personal, sino por una cuestión de prioridades: cumplir a rajatabla la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuidar el grado de inversión”, afirmó.
En ese marco, el decreto otorga al MEF un poder que antes solo tenía en esquemas específicos como las alianzas público-privadas (APP). En tal sentido, las APP y concesiones aparecen como la vía que el Gobierno privilegia para sostener el discurso de crecimiento.
“El Ejecutivo puede decir que sí hay crecimiento en infraestructura, pero financiada por el sector privado, que no genera problemas de espacio fiscal”, explicó Carlevaro. Proyectos como la Ruta 1, la ampliación de la Ruta 2 y 7, el tren de cercanías, el aeropuerto de Asunción o iniciativas de energías renovables suman miles de millones de dólares en inversión, pero no computan como gasto público directo.
“Lo que se está frenando es la obra pública tradicional, porque impacta en el déficit. La inversión privada, en cambio, sigue avanzando”, resumió el especialista. Sin embargo, el riesgo es que queden relegadas obras esenciales que no siempre resultan atractivas para el capital privado, especialmente en zonas menos rentables.