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El MOPC apuesta a nueva ley de APP para acelerar obras y evitar deudas

Con una nueva reglamentación de la ley de Alianza Público-Privada (APP) como herramienta para financiar y ejecutar obras de infraestructura. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) destacan que no solo amplía el alcance de los proyectos posibles, sino que también introduce reglas más claras para el sector privado y un esquema financiero que evita los atrasos en los pagos del Estado a las constructoras.

El MOPC apuesta a nueva ley de APP para acelerar obras y evitar deudas

El ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del MOPC, subrayó que la reglamentación responde a una decisión política de fortalecer la APP como política pública de largo plazo. 

 

“El objetivo es ayudar a que avancen las obras. Se ha demostrado la voluntad política, que es muy importante, con el trabajo del equipo del Ministerio de Economía, para fortalecer esta herramienta de financiamiento no tradicional y buscar cómo ir mejorando en el proceso con las herramientas jurídicas y técnicas que permitan la alianzas públicas privadas para acompañar las necesidades de inversión”, afirmó.

 

De acuerdo a Guillén, la reglamentación se inscribe dentro de la reforma de la ley de APP aprobada recientemente, que introduce cambios estructurales relevantes. 

 

“Hemos enviado la reforma de lo que era la ley anterior, eso fue aprobado y hoy esta reglamentación avanza hacia un proceso de ingeniería legal para permitir y generar mayores incentivos al sector privado”, explicó en contacto con 5Días.

 

Señaló que uno de los puntos centrales del nuevo marco es la ampliación del espacio fiscal destinado a este tipo de proyectos. La normativa eleva el límite de inversión de proyectos APP del 2% al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que, en la práctica, duplica la capacidad del Estado para incorporar obras bajo esta modalidad. 

 

Añadió que el aporte estatal permitido en los proyectos pasa del 10% al 25%, un cambio que mejora sustancialmente la estructura financiera de las iniciativas.

 

“Todo ese arreglo institucional se ajustó para dar mayor claridad a los distintos proponentes. Buscamos hacer definiciones que traigan mayor claridad, principalmente en lo que son las iniciativas privadas y el alcance de la preparación de las propuestas técnicas”, indicó. 

 

En ese sentido, se establece que los proyectos presentados por el sector privado deben llegar como mínimo a un nivel de prefactibilidad, con estudios claramente definidos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actúa como ventanilla inicial de recepción y análisis, y luego deriva los proyectos al ministerio sectorial correspondiente, como el MOPC en el caso de infraestructura.

 

Actualmente, ya existen obras emblemáticas en ejecución bajo este esquema. Guillén detalló que uno de los contratos en fase de operación es el la autopista elevada que unirá Luque con San Bernardino, al que se suma una nueva obra contemplada en el mismo contrato, además del contrato ya firmado para la duplicación y refacción de la Ruta 1.

 

 “Esos son los contratos vigentes dentro de la cartera de proyectos. Esas son iniciativas públicas, lo que se espera que se pueda generar más propuestas del sector privado”, precisó Guillén.

 

EVITAR RETRASOS DE PAGOS

 

Uno de los aspectos más valorados por el sector constructor es el mecanismo de pago que propone la APP, ya que evita los atrasos crónicos que afectan a las obras tradicionales.

 

“El financiamiento de la obra se hace a través de la banca privada, generalmente nacional o internacional”. Esto significa que el constructor no depende del flujo directo del Tesoro para cobrar sus trabajos.

 

En este esquema, las empresas ejecutan las obras con financiamiento bancario y, a medida que cumplen los hitos establecidos, el MOPC certifica los avances. 

 

“Ese reconocimiento se va certificando por parte del Ministerio y esta deuda pasa a una negociación a través de los compromisos que toma el Estado con esos repagos con la banca”, explicó Guillén. De esta manera, el Estado asume el compromiso financiero con el banco, y no directamente con la constructora, evitando así la acumulación de deudas y atrasos.

 

El interés de la banca local es otro dato alentador. “Nos alegra mencionar que muchos bancos locales están interesados en apostar también en esta herramienta”, destacó el funcionario, citando como ejemplo que, recientemente, un banco local realizó el aporte inicial para la constitución de una sociedad de objeto específico (SOE).

 

Con reglas más claras, mayor capacidad de inversión y un esquema financiero que garantiza previsibilidad, el MOPC confía en que la nueva reglamentación de la APP se convierta en un pilar para cerrar la brecha de infraestructura del país. 

 

“La expectativa es generar un mayor incentivo e interés del sector privado para venir con propuestas”, concluyó Guillén, convencido de que la alianza público-privada está llamada a jugar un rol central en el desarrollo de obras estratégicas.