Nueva ley de Alianza Público-Privada: una herramienta clave para inversiones en obras
La reciente promulgación de la Ley N.º 7452/25, que moderniza el régimen de Contratos de Participación Público-Privada (PPP), marca un punto de cambio para la inversión en infraestructura en Paraguay. La nueva norma deroga por completo la Ley N.º 5102/13 y actualiza un marco legal que había quedado en el tiempo frente a las necesidades del país. Desde la práctica profesional, uno de los estudios que siguió de cerca este proceso es Bekermeyer, firma que participa activamente en proyectos PPP desde su origen.
En tal sentido, el estudio jurídico Bekermeyer asesora a empresas y consorcios en todo el ciclo de los contratos de Participación Público-Privada, desde iniciativas privadas hasta el financiamiento, construcción y operación de grandes obras. Esa experiencia es la que relata Martín Carlevaro, socio del estudio y responsable del área de Infraestructura y los acuerdos de largo plazo entre el Estado y empresas privadas, llamados contratos PPP.
Martín Carlevaro, socio del estudio y referente en infraestructura, explicó que la nueva ley introduce cambios puntuales pero decisivos. “No son tantos los cambios, pero son muy importantes”, señaló.
Puntualizó que uno de los más relevantes es el aumento del espacio fiscal que el Estado puede comprometer en este tipo de contratos. “Antes era el 2% del Producto Interno Bruto y ahora se duplicó al 4%”, subrayó. Añadió que esto permite que el Estado pueda impulsar más proyectos con aporte público, algo que antes estaba prácticamente agotado con solo dos contratos vigentes.
CAMBIOS CENTRALES
Otro cambio central tiene que ver con las iniciativas privadas, es decir, los proyectos que nacen en el sector privado y luego son propuestos al Estado. En este punto, Carlevaro destaca una modificación solicitada hace mucho tiempo. Ahora, el límite se eleva al 25% del costo total del proyecto, no solo de la etapa de construcción.“Antes, el aporte del Estado no podía superar el 10% del CAPEX inicial de la obra. Eso hacía inviables muchos proyectos”.
“En Paraguay no tenemos una cultura de tarifas altas en servicios públicos, como los peajes. Con un aporte estatal tan bajo era muy difícil que las iniciativas privadas prosperaran. En 2025 vimos un flujo mucho mayor de iniciativas privadas presentadas, y nosotros estamos asesorando varios de esos proyectos”, afirmó Carlevaro en contacto con 5Días.
La ley también reduce plazos y simplifica estudios en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, lo que agiliza los procesos. A eso se suma una novedad tomada del derecho comparado, el derecho al tanteo.
Según Carlevaro, “el iniciador privado puede igualar la mejor oferta y quedarse con el proyecto, siempre que su propuesta original no haya sido sustancialmente más cara”. Es un incentivo que reconoce el esfuerzo y la inversión inicial de quien concibe el proyecto.
Otro aspecto que fue corregido es el régimen de incompatibilidades para participar en licitaciones. La ley anterior excluía a cualquier empresa que tuviera un proceso judicial en trámite con el Estado, incluso sin condena. “Era algo demasiado estricto y poco realista”, afirma Carlevaro. “En contratos de largo plazo siempre hay reclamos. No conozco un solo proyecto grande que no tenga algún conflicto”, expresó.
La nueva ley exige ahora una condena firme por incumplimiento en los últimos cinco años, alineándose con estándares regionales.
La normativa también fortalece el rol de los acreedores en caso de dificultades graves. Antes de una terminación anticipada del contrato, los bancos o financiadores pueden intervenir para intentar salvar el proyecto. “Ellos ponen cerca del 80% del financiamiento. Sin esa plata, no hay obra”, recuerda el abogado. Darles participación busca proteger la continuidad del servicio y evitar rupturas abruptas.
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Desde Bekermeyer, el acompañamiento en este tipo de contratos es integral. “Trabajamos en todo el ciclo de los proyectos PPP”, explica Carlevaro. El estudio asesora desde la presentación de iniciativas privadas, la participación en licitaciones, la firma del contrato PPP con el Estado, hasta los contratos de construcción, operación y mantenimiento. También tiene un rol clave en el financiamiento, incluyendo emisiones de bonos, préstamos bancarios y créditos multilaterales.
La experiencia del estudio incluye proyectos emblemáticos como las rutas 1 y 2, el aeropuerto de Asunción y la Ruta 117. “En dos de esas licitaciones nuestros clientes resultaron adjudicados”, comenta. En otros casos, como Ruta 1, Bekermeyer asesoró a los bancos financiadores del consorcio ganador.
Para Carlevaro, la nueva ley no solo moderniza el marco jurídico, sino que vuelve a poner a las PPP en el centro de la agenda de infraestructura. “Con más espacio fiscal, reglas más razonables y mejores incentivos, Paraguay tiene hoy una herramienta mucho más potente para atraer inversión y cerrar brechas históricas en obras públicas”, concluyó.